La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y obligó al Gobierno nacional a cumplir con la actualización de los salarios de docentes y nodocentes, además de recomponer las becas estudiantiles previstas en la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fue celebrada por rectores, sindicatos docentes y nodocentes, organizaciones estudiantiles y representantes del sistema universitario público, quienes sostuvieron que el fallo ratifica la legalidad de los reclamos que vienen impulsando desde hace meses frente al deterioro salarial y presupuestario de las universidades nacionales.
Qué resolvió la Corte Suprema
El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional, dejando firme la cautelar que ordena aplicar de manera inmediata los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión obliga al Poder Ejecutivo a:
- actualizar los salarios de docentes y trabajadores nodocentes;
- recomponer los montos de las becas destinadas a estudiantes universitarios;
- cumplir con las obligaciones establecidas por la ley mientras continúa la discusión sobre otros aspectos presupuestarios.
No obstante, la resolución no define aún el fondo de la controversia respecto del presupuesto universitario correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025.
Los gremios celebraron el fallo
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) calificó la decisión como “un gran e importante paso” en la defensa del financiamiento universitario.
Desde la organización destacaron que el fallo representa un reconocimiento judicial a la lucha sostenida por trabajadores, estudiantes y la comunidad educativa.
“Sin salarios dignos no hay Universidad Pública. Sin Universidad Pública no hay futuro posible”, señalaron desde FATUN.
La Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) también celebró la resolución y afirmó que “la Corte nos dio la razón: Milei tiene que cumplir la ley”.
Su secretario general, Pablo Perazzi, sostuvo que el Gobierno nacional ya no tiene argumentos para demorar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y exigió el cumplimiento inmediato de la norma.
La Federación Universitaria Argentina (FUA) resumió el fallo con una consigna que acompañó las movilizaciones de los últimos meses:
“Luchar sirve”.
Los rectores pidieron la inmediata aplicación de la ley
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, calificó la decisión judicial como “una gran noticia” porque garantiza la continuidad de la actualización salarial y de los programas estudiantiles.
Además, reclamó que el Gobierno convoque de inmediato a las universidades para definir la implementación efectiva del fallo.
En la misma línea, la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera, sostuvo que la resolución representa “un paso muy importante” porque obliga al Estado a actualizar tanto los salarios como las becas del sistema universitario público.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti, remarcó que el fallo es claro y advirtió que el incumplimiento por parte del Ejecutivo implicaría desconocer una decisión del máximo tribunal.
También señaló que el reciente acuerdo salarial del 21,33% más un 3% adicional podría computarse como parte de la actualización que ahora exige la Justicia
La comunidad universitaria habla de una conquista colectiva
Las organizaciones gremiales coincidieron en señalar que la resolución judicial no constituye una concesión del Gobierno sino el resultado de meses de movilizaciones, clases públicas, paros, marchas y reclamos en todo el país.
Desde CONADU Histórica afirmaron que el fallo confirma la legitimidad de los reclamos y fortalece la defensa de la universidad pública.
Sin embargo, advirtieron que el conflicto está lejos de terminar.
Entre las demandas pendientes figuran:
- una recomposición salarial integral;
- mayor presupuesto para las universidades nacionales;
- la plena aplicación de toda la Ley de Financiamiento Universitario;
- la inmediata convocatoria a paritarias.
Un fallo que aumenta la presión sobre el Gobierno
La decisión de la Corte Suprema representa un fuerte respaldo institucional para el sistema universitario y coloca al Gobierno nacional frente a la obligación de ejecutar una norma cuya aplicación venía siendo cuestionada por las universidades.
Mientras la discusión sobre el presupuesto universitario continúa abierta, la resolución judicial establece que la actualización de salarios docentes, nodocentes y becas estudiantiles debe implementarse sin más demoras, fortaleciendo los reclamos de una comunidad universitaria que sostiene que la educación pública requiere financiamiento suficiente para garantizar su funcionamiento y su calidad.
